Hemos tomado conocimiento que la CGT a través de su secretario general, ha impulsado un proyecto de ley para que el sindicato de Julio Piumato participe en la conducción de la Obra Social del Poder Judicial. Esta decisión nace como respuesta al fallo que la Corte dictó a favor de la democracia sindical, “no” porque haya interés en beneficiar a los trabajadores judiciales, sino para adueñarse de la “caja” de nuestra querida Obra Social y manejar así sus suculentos ingresos.
La escasa afiliación de mucho menos del 20 % de los trabajadores del Poder Judicial, es un número contundente que demuestra la crisis de representación de la UEJN a la que nos condujo Piumato y la lista Marrón. El sindicato tiene en la actualidad, ámbito de representación sobre un gran espectro de trabajadores cuya gran mayoría no integran la obra social del Poder Judicial de la Nación.
Esto no quiere decir, que los judiciales no debamos tener representación en la conducción de la obra social y mucho menos servir como argumento de los que sostienen eso.
La participación de los trabajadores en la conducción de la obra social se debe dar, mediante procesos electorales transparentes, donde confluyan “todos” los que aportan a la misma y no mediante la asignación de la entidad a una burocracia desfalleciente, que ha dado sobradas muestras en los últimos años de falta de transparencia. Al respecto nuestra Obra Social cuenta con el antecedente de haber electo democráticamente a sus directores en el año 1975, método que fue tirado abajo por el golpe militar de 1976.
Es tiempo de democratizar una entidad que en los últimos años ha mostrado muchas falencias, políticas erróneas y deficiente control.
La Corte debe reformar los estatutos e incorporar al Directorio a todos los sectores que integran el Poder Judicial.
La escasa afiliación de mucho menos del 20 % de los trabajadores del Poder Judicial, es un número contundente que demuestra la crisis de representación de la UEJN a la que nos condujo Piumato y la lista Marrón. El sindicato tiene en la actualidad, ámbito de representación sobre un gran espectro de trabajadores cuya gran mayoría no integran la obra social del Poder Judicial de la Nación.
Esto no quiere decir, que los judiciales no debamos tener representación en la conducción de la obra social y mucho menos servir como argumento de los que sostienen eso.
La participación de los trabajadores en la conducción de la obra social se debe dar, mediante procesos electorales transparentes, donde confluyan “todos” los que aportan a la misma y no mediante la asignación de la entidad a una burocracia desfalleciente, que ha dado sobradas muestras en los últimos años de falta de transparencia. Al respecto nuestra Obra Social cuenta con el antecedente de haber electo democráticamente a sus directores en el año 1975, método que fue tirado abajo por el golpe militar de 1976.
Es tiempo de democratizar una entidad que en los últimos años ha mostrado muchas falencias, políticas erróneas y deficiente control.
La Corte debe reformar los estatutos e incorporar al Directorio a todos los sectores que integran el Poder Judicial.
- Por una Obra social transparente y democrática y al servicio de los trabajadores judiciales.
- Por un gremio independiente del Gobierno, de la Corte, del Consejo y al servicio de los trabajadores.
Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación
